Audiencia pública: Acceso a la justicia en el contexto de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en El Salvador
164 Periodo Extraordinario de Sesiones en México
Martes 5 de septiembre de 2017
Las organizaciones de la sociedad civil, tras reconocer algunos signos positivos a partir de la sentencia de julio de 2016 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, enfatizaron que los avances en cuanto al acceso a la justicia resultan escasos. Según informaron, la persecución y sanción penal por crímenes del pasado no ha variado, imperando la impunidad; un centenar de denuncias presentadas por graves violaciones de derechos humanos no han sido judicializadas, y dos de los tres casos a los cuales se les aplicó la Ley de Amnistía fueron reabiertos, observándose algún movimiento procesal solo en el caso de la Masacre del Mozote y lugares aledaños. Las organizaciones solicitantes informaron, por ejemplo, el empleo de estrategias dilatorias por parte de la defensa de los imputados, la inactividad fiscal y carencia de empatía para con las víctimas y familiares por parte de algunos funcionarios al realizar diligencias, la falta de respuesta o negación de información en manos del Estado, la destrucción de valioso material histórico y probatorio, entre otros obstáculos. Ante el incumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Constitucional en la referida sentencia, las organizaciones informaron que un amplio sector de la sociedad civil ha presentado una propuesta de Ley de reparación integral, y que el Estado ha anunciado la elaboración de una Ley de reconciliación nacional o justicia transicional que no ha sido consultada con las víctimas y sus representantes. Por su parte, el Estado informó sobre la adopción de una política de reconocimiento de responsabilidad y reparación a las víctimas a partir del 2009. Asimismo, hizo referencia a la existencia de diálogo permanente con las víctimas y sus representantes, la instalación en 2010 de la Comisión Nacional de Búsqueda de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado interno, la creación de una Unidad fiscal especializada en la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos y, más recientemente, el 30 de agosto del presente año, la adopción de Decreto Ejecutivo que crea la Comisión Nacional de Búsqueda de adultos desaparecidos (CONABUSQUEDA) en el mismo contexto. Asimismo, la representación del Estado reconoció la importancia de la cercana supervisión que adelanta la Sala de lo Constitucional de su sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Finalmente, la Comisión reflexionó sobre la extrema vinculación entre la escasa discusión, enseñanza y justicia de las graves violaciones de derechos humanos producidas en conflictos armados, y los actuales índices preocupantes de violencia y criminalidad en los países. Asimismo, se refirió a la relevancia y vigencia del tema en la región, por lo que la Comisión ha creado recientemente la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia. La CIDH además resaltó la preocupante tendencia en la que predominan los retrocesos en la materia. En esta audiencia, la CIDH contó con la participación de Alberto Brunori, representante de la oficina regional del OACNUDH.
