Audiencia pública: Denuncias de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador
164 Periodo Extraordinario de Sesiones en México
Martes 5 de septiembre de 2017
Las organizaciones de la sociedad civil indicaron que El Salvador es uno de los países con más altos índices de violencia y criminalidad en el mundo, sumando en los últimos tres años casi 14 mil homicidios violentos. Estiman que el año 2017 cierre con una tasa promedio de 58 de estos delitos por cada 100 mil habitantes. Las organizaciones solicitantes informaron sobre el asertivo abordaje que diera el actual gobierno al tema de la inseguridad ciudadana al inicio de su mandato, en el que se priorizó el diálogo y la atención de causas estructurales; sin embargo, en el 2015 el Estado lanzó simultáneamente una ofensiva en contra de las pandillas, lo cual se concretó en abril de 2016 con la adopción de “medidas extraordinarias” caracterizadas por su actuación represiva, intimidante y violatoria de los derechos humanos. En este sentido, manifestaron preocupación frente al incremento de asesinatos de policías y militares – entre 2014 y 2017, ocurrieron las muertes de 169 policías y 69 militares, atribuidas a pandillas –, el incremento de enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad y supuestos pandilleros – entre 2014 y 2017, 1415 personas han muerto debido al accionar policial o militar, siendo el 90% supuestos pandilleros y en el 2016, murieron 59 civiles por cada agente de seguridad estatal. También informaron sobre el resurgimiento de grupos de exterminio dentro de las propias agencias policiales/militares, y las reformas normativas que pudieran brindar protección a los efectivos policiales y militares posiblemente responsables de ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron la existencia de posibles patrones de permisibilidad e impunidad en el accionar de la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Por su parte, la representación del Estado reafirmó su compromiso con los derechos humanos y reconoció que El Salvador atraviesa una situación crítica de violencia provocada por estructuras criminales denominadas maras o pandillas, ajena a la voluntad de las autoridades nacionales; violencia que ha cobrado la vida de numerosas personas, incluyendo agentes policiales y militares, y sus familiares, además de jueces y fiscales. Asimismo, el Estado informó estar implementando medidas de prevención de la violencia, control y persecución penal, rehabilitación y reinserción social, la atención integral de víctimas, y el fortalecimiento institucional, priorizándose los 50 municipios donde se registran los más altos índices de violencia. La representación del Estado categóricamente negó cualquier responsabilidad del Estado salvadoreño en actos contrarios a los derechos humanos, y aseguró el juzgamiento y sanción de quienes resultaren responsables de hechos de tal naturaleza. La Comisión expresó gran preocupación por los índices de violencia y criminalidad que se vive en El Salvador. Frente a la información compartida de que en el 2016, murieron 59 civiles por cada agente de seguridad estatal, la CIDH advirtió que es casa cierta la existencia de un patrón de uso extremadamente excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Además, la CIDH anunció el adelanto de las gestiones necesarias para realizar una visita al país. En esta audiencia, la CIDH contó con la participación de Alberto Brunori, representante de la oficina regional del OACNUDH.
